Fuinsa analizó en un encuentro en Madrid las nuevas disposiciones sobre financiación de medicamentos

La jornada analizó de manera pormenorizada el Informe que la Dirección General de Cartera Básica y Servicios del Ministerio de Sanidad ha hecho llegar a las Comunidades Autónomas en relación a la prescripción de medicamentos con resolución expresa de no financiación. Este análisis se ha realizado desde dos puntos de vista: por un lado, el de los especialistas en Leyes, que han hablado del alcance jurídico; y desde el punto de vista más pragmático, con una mesa sobre el enfoque asistencial.

Héctor Jausás, socio Fieldfisher Jausas dejó claro que “el Informe de la DGCBS es jurídicamente débil y atacable desde diferentes ángulos: el principio de igualdad en el acceso a los medicamentos exige un mínimo denominador común entre Comunidades Autónomas, y no un máximo denominador común”. Por su parte, Julio Sánchez Fierro, abogado y doctor en Ciencias de la Salud se mostró crítico con el Informe ya que “no se adapta a los mandatos de la Ley de Garantías, contradice competencias de las Comunidades Autónomas, restringe la función prescriptora y recorta los derechos de los pacientes”. A continuación, Dionisio Docasar, médico, abogado y exasesor Legal de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad añadió que “las Administraciones Sanitarias de las Comunidades Autónomas carecen de competencias para incorporar en su cartera de servicios medicamentos sobre los que se haya dictado resolución de no financiación por el Sistema Nacional de Salud”. Completó la primera mesa el Abogado del Estado, Alfonso Ramos, que repasó el Informe desde el punto de vista legal.

La segunda mesa se centró en el alcance asistencial. Desde la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), Cristina Avendaño, afirmó que “es imprescindible que los médicos estén bien informados sobre los plazos y las decisiones de financiación de los medicamentos. Asimismo, se debe preservar siempre la posibilidad de que, en situaciones excepcionales, el médico pueda justificar el acceso a un medicamento no financiado para un paciente concreto”. Por su parte, José Luis Baquero, director y coordinador científico del Foro Español de Pacientes se mostró muy crítico con el sistema, afirmando que “la ciudadanía es quien paga todo el gasto sanitario (vía impuestos o directa) y ya hay personas que están en una situación delicada, para hacer más aportaciones directas. José Manuel Martínez Sesmero,de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), abogó por la transparencia en la toma de decisiones sobre financiación. Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, explicó que “hay mucha gente tomando decisiones, por lo tanto, la decisión final no puede depender solo del clínico porque esto va a crear muchos conflictos médico-paciente”. Por último, el nuevo subdirector de Farmacia y Prestaciones de la Junta de Andalucía, Carlos García Collado, mostró una visión menos crítica con el Informe, ya que considera que “quiere dar una solución a un problema grave para las CC. AA. y es una herramienta para que estas puedan hacer frente a la inequidad”.