El gasto farmacéutico público en España representa el 0,9% del PIB, el 25% menos que hace cuatro años

El Boletín destaca que tras esta fuerte reducción del gasto farmacéutico público en recetas del SNS se encuentran reducciones de sus dos componentes principales: el consumo de recetas, que  se ha reducido un 8%, y el gasto medio por receta, que ha caído un 20% en este periodo. De hecho, el consumo de recetas per cápita en 2013 (18,2 prescripciones por habitante y año) se encuentra en cifras similares a las de 2007. Por su parte, el gasto medio por receta, situado ahora en 10,68 euros, alcanza su nivel más bajo desde 1998.

Por otro lado, el gasto farmacéutico público per capita cerró el año pasado en un valor de 194,9 euros por habitante y año, muy similar al nivel de esta variable en 2002, a pesar de la notable mejora del arsenal terapéutico aportada por la industria farmacéutica en este periodo y al coste creciente de la innovación en medicamentos.

Este Boletín, que hace el número 105, analiza también la evolución del gasto farmacéutico público en términos de porcentaje del PIB, que terminó 2013 en un 0,9% de nuestra producción interna, casi 0,3 puntos (un 25%) menos que cuatro años antes y en un nivel que no se registraba en España desde 1994, cuando la cifra de gasto farmacéutico público suponía un 0,92% del PIB española, y año también en el que el PIB per cápita era menos de la mitad del de 2013.

Por otra parte, el gasto farmacéutico público se sitúa en 2013 en el 14,5% del total del gasto sanitario público español, la proporción más baja jamás registrada desde que existen datos, a partir de 1983. La caída del peso del gasto farmacéutico público sobre el gasto sanitario público es una tendencia que se inicia en 2005, y en la última década ha visto reducido su peso en casi seis puntos porcentuales.

Por último si se analiza el peso del gasto farmacéutico público en el conjunto del gasto público español, el año 2013 terminó con un ratio del 2%, es decir, dos de cada cien euros gastados por el conjunto de administraciones públicas en España se habrían destinado al pago de medicamentos financiados por el SNS y dispensados a través de oficinas de farmacia, cifra que tampoco se registraba en nuestro país desde principios de la década de los 90.