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En el marco del foro de debate “Precio y Financiación de los medicamentos innovadores en el Real Decreto Ley: Expectativas y sugerencias”, organizado en el pasado mes de julio por la Fundación para la Investigación en Salud (FUINSA), en colaboración de MSD, representantes de la Dirección General de Cartera Básica y Farmacia del Ministerio de Sanidad analizaron con miembros del sector del medicamento innovador el futuro del Real Decreto Ley sobre Precio y Financiación.
De izquierda a derecha, Antón Herreros, director general de FUINSA; Ana Arana, directora asociada de Precio y Reembolso de MSD; Emili Esteve, director del departamento Técnico de Farmaindustria; Mercedes Martínez Vallejo, consejera técnica de la Subdirecc
La jornada contó con la participación de Dionisio Docasar, vocal asesor de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Mercedes Martínez Vallejo, consejera técnica de la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad; Jordi Faus, representante de CEFI (Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación); Concha Serrano, representante de ASEBIO (Asociación Española de Bioempresas), y Emili Esteve, director del departamento técnico de Farmaindustria.
Según explicó Antón Herreros, director general de FUINSA y co-moderador de la mesa, “este Foro ha permitido intercambiar opiniones sobre la fijación y sistema de precios y los procedimientos para la financiación pública, constituyendo una oportunidad para trasladar las expectativas del sector ante la próxima regulación de precio y financiación a través del nuevo RD”.
En este sentido, Ana Arana, directora asociada de Precio y Reembolso de MSD, y co-moderadora dela Jornada, manifiestó “la satisfacción de MSD por ser la primera vez que se realizan aportaciones a una normativa antes de que se publique, que ha sido posible gracias a la implicación y sensibilidad del Ministerio y de las patronales que representan al sector”.
En este marco de debate, el Ministerio presentó el esquema del proyecto del RD, que, según señaló durante su intervención Dionisio Docasar, aspira a intentar clarificar aspectos relacionados con el régimen de financiación del medicamento y el sistema de precios, que ahora pueden no resultar del todo claros. Como ejemplos, mencionó la necesidad de regular el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) y definir el concepto y el carácter del Nomenclátor como fuente de información oficial del Sistema Nacional de Salud.
En concreto, según expusieron, con el RDL se pretende desarrollar disposiciones legales vigentes relacionadas con: la exclusión de la prestación farmacéutica de medicamentos y productos sanitarios (art. 85ter), procedimiento para la financiación pública (art. 89), criterios fundamentales de inclusión en la prestación farmacéutica (art. 89 bis), fijación de precios (art. 90), revisión del precio (art. 91), información económica (art. 92), sistema de precios de referencia (art. 93), sistema de precios relacionados (art. 93 bis), e información de los precios menores de las agrupaciones homogéneas de medicamentos y productos sanitarios (disposición adicional decimocuarta).
Mercedes Martínez Vallejo, recordó los seis criterios básicos de financiación que recoge el art. 90. Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, y los nuevos criterios introducidos mediante el RDL 16/2012 referentes al coste-efectividad, impacto presupuestario, el PIB y el componente de sostenibilidad.
Por su parte, el sector, representado por Farmaindustria, CEFI y ASEBIO, ha apuntado como expectativas ante este nuevo RD aspectos como la regulación del acceso a los nuevos medicamentos, mientras que las compañías tramitan la financiación con el Ministerio de Sanidad; la flexibilidad del procedimiento para que sea capaz de adaptarse a las innovaciones; la intervención sólo de los precios financiados; trámites de audiencia para las compañías farmacéuticas con los diferentes niveles en la toma de decisiones; normativa específica para biosimilares, y regulación estable en precios de referencia, entre otros.
