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La distribución farmacéutica de gama completa realiza una función crucial para los sistemas sanitarios ya que desarrolla una labor de servicio público que garantiza el acceso en condiciones de equidad y seguridad a los medicamentos y productos de salud. Por ende, la futura legislación europea debe proteger al sector.
Introducción
En el actual contexto, la labor conjunta de administraciones, farmacéuticos comunitarios, resto de profesionales sanitarios, empresas e instituciones configura un modelo que, en el caso de España, viene en gran medida definido por el éxito del binomio farmacia comunitaria-distribución farmacéutica de gama completa. Este último es un sector clave para la salud de la población, cuya función -en colaboración con otros agentes-, permite que más de 48 millones de ciudadanos puedan acceder de forma equitativa, puntual y en condiciones de máxima seguridad a los medicamentos y productos de salud que necesitan. Para que todo esto sea posible es preciso disponer de una estructura sólida y eficiente, ajustada a la legislación y cuya actividad va mucho más allá de una labor puramente logística [1].
