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La crisis del COVID-19 ha obligado a la adopción de modificaciones legislativas que han afectado a la práctica totalidad de los ámbitos económicos y sociales, y de forma muy relevante al ámbito laboral y de la seguridad social.
En estos últimos ámbitos, las medidas han sido muy numerosas y han afectado a empresas, a trabajadores e incluso al propio funcionamiento de las administraciones y autoridades con competencia en los mismos.