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Con la aprobación de la reforma penal de 2015, nuestro país ha dado un salto cualitativo en la promoción de la ética empresarial y la persecución de la corrupción en el seno de las empresas.
A pesar de la reforma de 2010, desde algunos ámbitos se seguía percibiendo el problema de la responsabilidad penal corporativa como algo ajeno y etéreo. La LO 1/2015 ha venido a consagrar la necesidad de un modelo de organización y gestión idóneo no sólo para prevenir riesgos penales, sino para adecuar la actuación empresarial a los más altos estándares éticos.