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Durante las últimas legislaturas autonómicas han proliferado las medidas adoptadas por las comunidades autónomas basadas en la supuesta racionalización del gasto farmacéutico, pero que, en la mayoría de las ocasiones, se oponen con las competencias del Estado, lo que ha provocado una alta judicialización de las medidas.
Héctor Jausàs y Celia Esquerrá
Las subastas andaluzas, las instrucciones valencianas, el catálogo gallego, son sólo algunos de los ejemplos de estas medidas de ahorro, que tanto revuelo han generado.
El Gobierno andaluz aprobó en diciembre de 2011 el Decreto-Ley 3/2011 por el que se aprueban medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del Sistema Sanitario Público de Andalucía, convirtiéndose así en la primera administración en establecer la adjudicación del suministro de medicamentos de uso extrahospitalario, cuando sean prescritos por principio activo, por convocatoria pública. El objetivo de la subasta andaluza es comprar a gran escala aquellos medicamentos que más suelen ser prescritos en la red sanitaria pública para conseguir reducir el gasto farmacéutico y, así, el déficit impuesto. Se trata de ajustar el precio a la baja con los laboratorios, de modo que el que ofrezca el precio menor, se lleva la concesión para vender en esta Comunidad durante dos años determinados medicamentos.
